Tema 6: Control de accesos

El control de accesos es la medida preventiva de seguridad destinada a supervisar y regular el tránsito de personas, vehículos y mercancías a través de una o varias zonas o dependencias, integrando medios técnicos y organizativos para la protección de las personas y los bienes.

Sus finalidades principales son: prevenir la entrada de personas no autorizadas y la intrusión; incrementar la seguridad de las personas y de los bienes, reduciendo robos, hurtos y actos de vandalismo; disponer de información fiable mediante el registro y la trazabilidad de las entradas y salidas; y, en caso de emergencia o evacuación, permitir conocer qué personas se encuentran dentro del edificio.

En la organización del control de accesos intervienen tres elementos: el personal (conserje, ordenanza o vigilante), los procedimientos (identificación, acreditación, registro de visitas y parte de incidencias) y los medios técnicos (lectores, cámaras, tornos y arcos).

Los edificios suelen zonificarse en función del nivel de seguridad: zona pública o de libre acceso (recepción, vestíbulo), zona restringida o de acceso controlado (despachos, oficinas) y zona de acceso limitado o de alta seguridad (archivo, sala de servidores).

Al controlar el acceso de un visitante puede tomarse nota de su nombre, apellidos y número de documento de identidad, y dotarle de una credencial o acreditación que le permita el acceso y la circulación interior, retirándola al finalizar la visita. En ningún caso puede retenerse la documentación personal del visitante: se anotan los datos y se le acredita, pero no se le retira el documento de identidad.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, excluye de su ámbito de aplicación (artículo 6.2.a) las funciones de información o de control en los accesos a instalaciones —incluyendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas y la ayuda en el acceso de personas o vehículos— cuando las realizan porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo.

En consecuencia, el conserje o auxiliar de servicios que controla el acceso a un edificio público no tiene la condición de vigilante de seguridad ni queda sujeto a la Ley 5/2014 en esa función: puede abrir y cerrar, custodiar llaves, informar y ayudar en el acceso, pero no puede asumir funciones reservadas al personal de seguridad privada, ni portar armas, ni utilizar uniformes o distintivos que puedan confundirse con los de los vigilantes de seguridad.

El control de accesos puede ser humano, cuando lo ejerce directamente una persona (conserje, ordenanza o vigilante), o automático o técnico, cuando lo realizan sistemas electrónicos que identifican y autorizan sin intervención humana directa.

Los principales sistemas de identificación son: las tarjetas (de banda magnética, de proximidad o RFID sin contacto, o con chip), los teclados con código o PIN, la biometría (huella dactilar, reconocimiento facial o de iris) y las llaves.

La identificación se apoya en tres factores de autenticación: algo que se sabe (una contraseña o PIN), algo que se tiene (una tarjeta, token o llave) y algo que se es (un rasgo biométrico). Cuando se combinan dos o más de estos factores se habla de autenticación multifactor.

Entre los elementos físicos de control de accesos se encuentran los tornos o torniquetes, las barreras y pilonas para vehículos, las puertas automáticas, las esclusas o mantrap (doble puerta con enclavamiento, en la que una hoja no abre hasta que la otra se cierra) y los arcos detectores de metales. La videovigilancia o CCTV actúa como apoyo o complemento del control de accesos, no como sustituto de este. Los sistemas electrónicos de control de accesos se rigen por la norma técnica UNE-EN 60839-11-1.

La videovigilancia está regulada por el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): el deber de informar se cumple mediante la colocación de un dispositivo o cartel informativo en lugar visible, y las imágenes captadas deben ser suprimidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.