Tema 23: Derecho fiscal: contrabando y Código Aduanero de la UE

1. El presente Real Decreto desarrolla reglamentariamente el Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, de acuerdo con la habilitación normativa contenida en el apartado 3 del artículo 12.bis y en la disposición derogativa única de la citada Ley Orgánica.

2. En la imposición de sanciones por infracciones administrativas de contrabando se seguirán las normas de procedimiento y se aplicarán los criterios de graduación con sujeción a lo establecido en el presente Real Decreto.

1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 3.000.000 de pesetas, o tratándose de labores del tabaco sea inferior a 1.000.000 de pesetas y no concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3.a) del artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, los que:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción dolosa de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a su no presentación.

A estos efectos, se considerará, salvo prueba en contrario, que existe ocultación o sustracción dolosa si las mercancías se encuentran contenidas en dobles fondos, espacios disimulados o en cualquier otra circunstancia que racionalmente suponga un ánimo doloso.

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

c) Destinen al consumo mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 91 a 97 y 163 a 165 del Reglamento (CEE) número 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, y sus disposiciones de aplicación y en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.

A estos efectos, se entenderá que se destinan al consumo mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa en él señalada cuando, no habiendo sido presentadas en aduana para la ultimación del régimen de tránsito, sean objeto de cualquier acto de comercio, incluido el autoconsumo.

d) Realicen operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o prohibidos, sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes.

e) Saquen del territorio español bienes que integren el Patrimonio Histórico Español, sin la autorización de la Administración del Estado cuando ésta sea necesaria.

Se considera cometida la infracción incluso si su destino es otro Estado miembro de la Unión Europea.

Son bienes que integran el Patrimonio Histórico Español los así definidos en su normativa específica.

f) Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento (CE) número 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996.

A estos efectos, se considerarán realizadas con incumplimiento de requisitos legalmente establecidos, entre otras, las siguientes operaciones:

1.o La utilización de especímenes de las especies enumeradas en el anexo A del Reglamento (CE) número 338/97, en fines distintos de los que, en su caso, figuran en la autorización concedida, en el momento en que se haya expedido el permiso de importación o posteriormente.

2.o La compra, la utilización con fines comerciales, la presentación al público a efectos comerciales, la venta, la tenencia para la venta, la puesta en venta o el transporte a efectos de venta de especímenes de las especies que figuran en el anexo A del Reglamento (CE) número 338/97, salvo que se haya obtenido el certificado previsto a tal efecto, o la realización de cualquiera de estas acciones con especímenes de las especies que figuran en el anexo B del Reglamento (CE) 338/97, salvo que pueda demostrarse su lícita adquisición o importación.

g) Obtengan, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el despacho aduanero de géneros estancados o prohibidos o mercancías de lícito comercio o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.

Entre otros supuestos, se entenderá obtenido mediante alegación de causa falsa el despacho aduanero de:

1.o Especímenes de las especies a la que se refiere el párrafo f) del presente artículo y apartado, cuando sean importados, exportados o reexportados con presentación de un permiso, notificación o certificado falso, falsificado o que haya sido alterado sin autorización de la autoridad responsable.

2.o Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, cuando sean exportados presentando una autorización falsa o falsificada.

Asimismo, se entenderá obtenido, mediante alegación de causa falsa, el despacho aduanero de los bienes a que se refieren los apartados 1.o y 2.o de este párrafo g), cuando los permisos, notificaciones, certificados y autorizaciones, mencionados en los mismos, se obtengan mediante la realización de una falsa declaración, el suministro de información deliberadamente falsa con el fin de la obtención de éstos o el empleo de permisos, notificaciones, certificados o autorizaciones falsos o falsificados como base para su obtención.

h) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos, en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español.

i) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o en las circunstancias previstas por el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de 29 de abril de 1958.

j) Exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito.

2. A los efectos del presente Real Decreto, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

3. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves según que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la misma sea:

a) Muy graves: superior a 2.250.000 pesetas o, si se trata de labores de tabaco, superior a 750.000 pesetas.

b) Graves: igual o superior a 750.000 pesetas e igual o inferior a 2.250.000 pesetas o, si se trata de labores de tabaco, igual o superior a 250.000 pesetas e igual o inferior a 750.000 pesetas.

c) Leves: inferior a 750.000 pesetas o, si se trata de labores de tabaco, inferior a 250.000 pesetas.

Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que realicen las acciones u omisiones recogidas como infracciones administrativas de contrabando en el artículo 2 del presente Real Decreto.

1. Las infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cinco años a contar desde la fecha de su comisión.

2. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que se invoque o se excepcione por el sujeto infractor.

1. Las infracciones administrativas de contrabando serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.

Las proporciones aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidas entre los límites que se indican a continuación:

a) Muy graves: el 250 y el 300 por 100, ambos incluidos.

b) Graves: el 150 y el 250 por 100.

c) Leves: el 100 y el 150 por 100, ambos incluidos.

2. Las infracciones administrativas de contrabando relativas a las labores de tabaco serán sancionadas:

a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las labores de tabaco objeto de las mismas.

Las proporciones aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidas entre los límites que se indican a continuación:

1.o Muy graves: el 275 y el 300 por 100, ambos incluidos.

2.o Graves: el 225 y el 275 por 100.

3.o Leves: el 200 y el 225 por 100, ambos incluidos.

El importe mínimo de la multa será de 100.000 pesetas.

b) Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo.

Para cada clase de infracción el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:

1.o Muy graves: nueve meses y un días y doce meses.

2.o Graves: tres meses y un día y nueve meses.

3.o Leves: cuatro días y tres meses.

3. La Administración tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad o explotación a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario.

4. A los efectos del párrafo b) del apartado 2 anterior, los establecimientos a los que se refiere la sanción de cierre serán aquéllos en los que se hayan efectuado total o parcialmente las operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de labores de tabaco objeto de la infracción y de los que los sujetos infractores sean titulares.

A los efectos de lo previsto en el artículo 6.1, párrafo f), del presente Real Decreto, cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa o doble uso, bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento (CE) número 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, o de labores de tabaco, el porcentaje de las sanciones por infracción leve o muy grave se reducirá entre 15 y 20 puntos y el de las sanciones graves entre 30 y 40 puntos.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 6.1, párrafo b), del presente Real Decreto, se considerará que existe resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando, o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones, cuando los sujetos infractores no atiendan los requerimientos formulados por aquéllos o cuando realicen actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los mismos en el curso de actuaciones de comprobación o investigación en las que se ponga de manifiesto la comisión de la infracción administrativa de contrabando.

2. Cuando concurra esta circunstancia, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8.2, párrafos a) y b), del presente Real Decreto.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 6.1, párrafo c), en los supuestos de anomalías sustanciales en la contabilidad y empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados, sólo se apreciará que concurren estas circunstancias cuando las mismas dificulten el control de la Administración sobre los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando o el conocimiento por la Administración de la comisión de una infracción administrativa de contrabando.

2. Las circunstancias señaladas en el apartado anterior no podrán apreciarse como criterio de graduación cuando la conducta sea constitutiva de la infracción administrativa de contrabando recogida en el artículo 2.1, párrafo g) del presente Real Decreto.

3. A los efectos previstos en el artículo 6.1, párrafo c), del presente Real Decreto, se considerará que se han utilizado medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando cuando en la comisión de la infracción se utilicen medios, modos o formas que tiendan a asegurar el éxito del ilícito, entre otros, vehículos con doble fondo o espacios disimulados, precintos falsificados, sistemas de radio escucha, sistemas de detección de controles de los órganos encargados de la represión del contrabando, sistemas de coordinación entre varios medios de transporte o que pongan de manifiesto la existencia de un plan predeterminado para la comisión de dicha infracción administrativa de contrabando.

4. Las circunstancias recogidas en el apartado anterior sólo operarán como criterio de graduación de las infracciones administrativas de contrabando cuando no se den las circunstancias del artículo 2.3, párrafo a), de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.

5. A los efectos previstos en el artículo 6.1, párrafo c), del presente Real Decreto, se considerará que se han utilizado personas físicas, jurídicas o entidades interpuestas en la comisión de la infracción cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los materiales, instrumentos, maquinaria o medios de transporte empleados en la comisión de la infracción, los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando o la realización de las operaciones que constituyan la infracción administrativa de contrabando.

6. Cuando se aprecien las circunstancias recogidas en los apartados 1, 3 ó 5 anteriores, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8.2, párrafos a) y b), del presente Real Decreto.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 6.1, párrafo d), del presente Real Decreto se considerará, entre otros supuestos, que se aprecia esta circunstancia cuando la infracción se cometa por medio o en beneficio, entre otros, de personal al servicio de la Administración aduanera, de las entidades y organizaciones, sus titulares y personal a su servicio siguientes: compañías de transporte internacional, agencias de aduanas, compañías transitarias y consignatarias, asociaciones garantes de los regímenes TIR o tránsito aduanero o de los titulares o personal al servicio de depósitos aduaneros o fiscales y almacenes de depósito temporal.

2. Las circunstancias recogidas en el apartado anterior no podrán apreciarse a los efectos de este artículo cuando dichas circunstancias hayan sido apreciadas a los efectos del criterio de graduación regulado en el artículo 12.

3. Cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado 1 de este artículo, las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8.2, párrafos a) y b), del presente Real Decreto.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 6.1, párrafo e), se considerará, entre otros supuestos, que se aprecia esta circunstancia, cuando las conductas tipificadas como infracción administrativa de contrabando se hayan producido al amparo de las facilidades que ofrecen los procedimientos simplificados regulados en el artículo 253 del Reglamento (CEE) 2454/93, de la Comisión, de 2 de julio, los procedimientos informáticos previstos en el artículo 222 del mismo texto, el procedimiento simplificado del régimen de tránsito del artículo 389 y siguientes del citado Reglamento y la autorización de un almacén de depósito temporal.

2. Cuando concurra esta circunstancia las sanciones se incrementarán en los porcentajes y días señalados en el artículo 8.2, párrafos a) y b).

1. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas de contrabando prescriben a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

2. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que se invoque o se excepcione por el sujeto infractor.

1. Toda sanción que se imponga por una infracción administrativa de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto de la infracción.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión de la infracción, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en ésta o el órgano competente estime que dicha sanción accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas de la infracción, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión de la infracción.

2. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, cuando éstos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

1. En cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y acceder a los documentos contenidos en él y a obtener copias de éstos, con las limitaciones que prevé la Ley.

2. Asimismo, y con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos o elementos de juicio que estimen convenientes.

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador en que el órgano competente estime que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de contrabando, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, notificándolo al interesado, y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente.

2. A tal efecto, el órgano competente acordará la remisión del expediente, junto con las actuaciones practicadas, al Juzgado ordinario que corresponda según su competencia, poniendo a su disposición las mercancías intervenidas.

3. La remisión del expediente a la jurisdicción competente interrumpirá los plazos de prescripción para las infracciones administrativas de contrabando y para la imposición de las sanciones correspondientes.

4. Si la autoridad judicial no apreciara la existencia de delito, la Administración aduanera continuará el expediente con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados mediante resolución judicial firme.

5. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción por infracción administrativa de contrabando.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad el procedimiento podrá resolverse con la imposición de la sanción que proceda, pudiendo omitirse las fases del procedimiento sancionador anteriores a la resolución que de otro modo hubieran procedido.

2. Cuando la sanción tenga exclusivamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado de la sanción propuesta, en cualquier momento anterior a la resolución, permitirá igualmente la omisión de las fases del procedimiento sancionador anteriores a la resolución que de otro modo hubieran procedido, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

La imposición de la sanción de cierre de los establecimientos de los que los sujetos infractores sean titulares, recogida en el artículo 5.2, párrafo b), del presente Real Decreto, se realizará en el mismo expediente que el instruido para la imposición de la sanción pecuniaria y, en su caso, el comiso de los bienes, efectos e instrumentos regulado en el artículo 14 del presente Real Decreto. El expediente será resuelto por el órgano competente para imponer la sanción de cierre del establecimiento propuesta.

1. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante acuerdo del titular de la unidad administrativa que instruya el expediente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

2. En particular, el acuerdo del órgano competente para la iniciación del procedimiento podrá basarse en la actuación de:

a) Los órganos de la administración aduanera.

b) Las fuerzas de la Guardia Civil, que cumplan funciones propias del resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, y otras autoridades y fuerzas cuya normativa específica les otorgue competencias para el descubrimiento y persecución del contrabando.

c) Las demás fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Las autoridades militares, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 22.

1. Las denuncias se dirigirán a las Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales, a las Intervenciones de Territorios Francos o a la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competentes, mediante comparecencia o por escrito.

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción de contrabando y la fecha de su comisión, así como cualquier documento, declaración, indicador de prueba, etc., que permita la persecución de la infracción y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

3. Cuando se presente una denuncia que ponga en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción de contrabando, el órgano competente para la iniciación, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, podrá realizar actuaciones previas con objeto de delimitar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

4. No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma, salvo que se encuentre entre los supuestos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992.

1. Como actuaciones previas a la iniciación del procedimiento sancionador por infracciones de contrabando, los órganos competentes para su iniciación, otros órganos de la Administración aduanera y las demás personas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar, con carácter preliminar, los hechos que pudieran constituir infracción de contrabando, la identificación de los presuntos responsables y las circunstancias que concurran en unos y otros.

2. Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades militares citadas en las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 20 podrán actuar en los siguientes casos:

a) Cuando por razones de urgencia sean requeridas al efecto por los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada la persecución y el descubrimiento del contrabando.

b) Cuando sorprendan a los infractores en el momento de cometer la infracción.

c) Cuando conozcan alguna infracción de contrabando y puedan realizar preventivamente la aprehensión de los bienes, mercancías, géneros o efectos, si no se hallan presentes las personas mencionadas en el artículo 20.2, párrafos a) y b).

3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones señaladas en el apartado 1 concurran junto a órganos de la administración aduanera otras autoridades o fuerzas competentes, corresponderá la dirección funcional de las actuaciones al órgano de la administración aduanera que, de acuerdo con el artículo 16 de este Real Decreto, resulte competente para la resolución del procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando que pudiera incoarse como consecuencia de dichas actuaciones.

Cuando los hechos puestos de manifiesto en estas actuaciones pudieran ser constitutivos de delito se pasará el tanto de culpa al Juez o Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

4. Las personas mencionadas en los apartados 1 y 2 de este artículo, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el artículo 14 de este Real Decreto.

5. Las autoridades y fuerzas citadas en los apartados anteriores formalizarán sus actuaciones mediante diligencia con los requisitos señalados en el artículo 23.

Las diligencias citadas en el párrafo anterior se remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que se formalicen, al órgano al que corresponda iniciar el procedimiento sancionador en razón de su competencia territorial, poniendo a su disposición los bienes, efectos o instrumentos aprehendidos.

6. Sin perjuicio de la remisión de la diligencia y la puesta a disposición del instructor correspondiente de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, las autoridades, funcionarios y fuerzas que hayan intervenido en las actuaciones relacionadas con el procedimiento para sancionar las infracciones administrativas de contrabando facilitarán los antecedentes e informes ampliatorios que puedan encomendárseles o que estimen conveniente emitir para el más completo esclarecimiento de los hechos.

7. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento determina que no concurren las circunstancias que justifican dicha iniciación, lo notificará a los interesados, devolviendo los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, si los hubiese, a sus dueños.

1. Las actuaciones de las autoridades y fuerzas citadas en el apartado 2 del artículo 20 se formalizarán mediante diligencia en la que se harán constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el procedimiento sancionador que pudiera derivarse se produzcan, así como las manifestaciones de la persona o personas presuntamente responsables.

2. Las citadas diligencias podrán ser de aprehensión o de descubrimiento.

Serán de aprehensión cuando, en el momento de formalizarse, tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos.

Serán de descubrimiento cuando no tenga lugar la aprehensión de los bienes, efectos e instrumentos.

3. Las diligencias podrán extenderse sin sujeción a un modelo preestablecido y deberán contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El lugar, día, hora y circunstancias en que se efectuó el descubrimiento y, en su caso, aprehensión de bienes, efectos e instrumentos, haciendo relación de los hechos ocurridos.

b) Los nombres, apellidos, razón social, documento de identificación y número de identificación fiscal, si constan, domicilio y demás circunstancias personales de quienes presumiblemente hayan participado en los hechos constitutivos de la infracción.

c) Los datos, indicios o sospechas fundadas de quiénes pudieran ser los sujetos infractores, si es que no fueron hallados en el momento de la aprehensión o descubrimiento.

d) La descripción de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, con especificación, en su caso, del número de bultos, clase, marcas, contenido y peso, número de matrícula y cualquier otro que permita que éstos queden plenamente identificados; si no fueran aprehendidos, las cantidades que hayan sido objeto de la operación fraudulenta, con el mayor detalle posible, indicando los documentos, testimonios o cualesquiera otras pruebas de las que se deduzcan la cantidad, características, calidad u otros datos que permitan conocer su naturaleza y valor.

e) La descripción de los contenedores, vehículos, embarcaciones, aeronaves, maquinaria, aparatos u otros medios en que se contuvieran, transportaran, alijaran o circularan los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando.

f) La mención de otros elementos, acciones o circunstancias que puedan tener trascendencia para la graduación de las posibles sanciones.

g) Los nombres o números de identificación de los aprehensores o descubridores, con expresión del cuerpo u organismo al que pertenezcan.

h) El precepto o preceptos que se consideren infringidos.

i) El órgano al que se remite la diligencia.

j) Las manifestaciones, en su caso, de los presuntos responsables.

k) El domicilio a efectos de las notificaciones.

4. Las diligencias serán suscritas por los aprehensores o descubridores y por los presuntos sujetos infractores, y en defecto de éstos o si no saben o no quieren firmar, por dos testigos, si los hubiese, haciendo constar esta circunstancia.

5. Las diligencias se extenderán por triplicado:

a) El ejemplar original se remitirá a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, la Intervención de Territorio Franco, o la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que deba iniciar el procedimiento sancionador.

b) Una copia se entregará al presunto infractor.

c) Otra copia quedará en poder de la persona o personas que hayan suscrito las diligencias.

6. Las diligencias formalizadas observando los requisitos señalados en el apartado 3 de este artículo tendrán el carácter de documento público y valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios interesados.

A los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos se les dará, según sea la naturaleza de los mismos, el siguiente destino:

a) Cuando se trate de labores de tabaco o de otros géneros o efectos estancados, se procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de los respectivos monopolios públicos, entregándose los mismos al Comisionado para el Mercado de Tabacos o a los representantes de dichos monopolios, respectivamente.

b) Cuando se trate de géneros prohibidos, material de defensa o de doble uso, se les dará el destino que determinen los reglamentos, entregándose a los organismos encargados de su custodia, intervención y control, si los hubiera.

c) Si se trata de bienes integrantes o susceptibles de integrar el Patrimonio Histórico Español, se actuará conforme a las normas que regulan dicho Patrimonio, entregándose los mismos a los representantes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura o de los órganos de las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión del Patrimonio Histórico Español.

d) Si se trata de especímenes de la fauna y flora silvestres, sus partes o productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el reglamento comunitario correspondiente, se actuará con arreglo a las normas que regulan el tratamiento a dar a dichos especímenes, partes o productos, entregándose los mismos a los organismos especializados en su acogida, cuidado y protección, si los hubiera. Las aprehensiones de estos especímenes y de sus partes o productos se comunicarán al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

e) Los demás bienes, efectos e instrumentos aprehendidos serán depositados en las instalaciones, locales o almacenes de la Administración aduanera, o autorizados por ésta, quedando bajo su vigilancia y control, sin perjuicio de las medidas provisionales que el órgano instructor puede adoptar durante la tramitación del procedimiento.

1. Apreciada por el órgano competente para iniciar el procedimiento la procedencia de dicha iniciación, dictará acuerdo que notificará a los interesados en la forma establecida en el artículo 29 del presente Real Decreto. Previamente procederá a la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando, y a la adopción, en su caso, de medidas de carácter provisional relativas a los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, sin perjuicio de otras que pueda adoptar durante la tramitación del procedimiento.

2. Cuando el acto de iniciación del expediente sancionador contenga todos los extremos que el apartado 1 del artículo 34 de este Real Decreto establece para la propuesta de resolución, por encontrarse en poder del órgano competente todos los elementos de hecho que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, en la notificación se advertirá al presunto infractor a los efectos, entre otros, de la puesta de manifiesto que, de no formular alegaciones en el plazo de quince días, el contenido del acto de iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, remitiéndose sin más trámites al órgano competente para resolver el procedimiento. En caso de que se formulen alegaciones o si el órgano instructor modifica los elementos contenidos en el acto de iniciación del expediente, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de este Real Decreto.

1. Podrá disponerse la acumulación de expedientes que guarden conexión directa entre sí, por propia iniciativa o a instancia de los interesados, siempre que corresponda conocer de todos ellos, por razón del territorio en que se hayan descubierto, a la misma Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Intervención de Territorio Franco o Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin perjuicio de considerar la totalidad de las infracciones cometidas a efectos de las sanciones que correspondan en función del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

2. Esta acumulación se efectuará a los solos efectos de la tramitación del expediente y de la imposición de las sanciones, sin que en ningún caso suponga la acumulación del valor de los bienes, mercancías, géneros a efectos en un único expediente.

1. Los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando serán valorados por el órgano competente para iniciar e instruir el expediente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

2. Para la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos comprendidos en el artículo 2.1, párrafos e), f) y j) del presente Real Decreto, así como para la de los de ilícito comercio, el órgano competente para conocer de la infracción recabará de los servicios competentes el asesoramiento e informes que estime necesarios.

3. Para la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos no comunitarios se procederá a la liquidación de los tributos exigibles a la importación en el territorio donde se haya cometido la infracción.

Cuando dicha liquidación se refiera al Impuesto General Indirecto Canario, al Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias, a la Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en las Islas Canarias y al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, la Administración aduanera la recabará de los órganos competentes para la gestión de estos tributos. Dicha liquidación deberá realizarse, emitiendo el informe correspondiente, en un plazo de diez días. De no emitirse el informe en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones con la valoración efectuada por el órgano que instruya el expediente.

4. De la valoración de los bienes, mercancías, géneros o efectos se extenderá una diligencia que se unirá al expediente. Dicha valoración contendrá la liquidación de los tributos exigibles a su importación, cuando éstos formen parte de la valoración de dichos bienes, mercancías, géneros o efectos.

5. Cuando la aprehensión de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la infracción de contrabando no haya tenido lugar, la valoración se efectuará con arreglo a los datos de que se disponga y en aplicación de las normas y reglas establecidas en el citado artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995.

1. Formalizada la iniciación del procedimiento se acordará inmediatamente la intervención de los bienes, efectos e instrumentos aprehendidos, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga fin al procedimiento. Los bienes, efectos e instrumentos no comunitarios así intervenidos se considerarán incluidos en el régimen de depósito aduanero.

2. Cuando la naturaleza de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos o cuando las demás circunstancias del hecho o de los presuntos sujetos infractores así lo aconsejen, se podrá designar a éstos como depositarios de los mismos, con prestación de garantía si el instructor lo considera oportuno.

Cuando así suceda, los presuntos responsables, en tanto que depositarios, además de los deberes inherentes a sus funciones como depositarios, tendrán la obligación de rendir las cuentas que les sean ordenadas y cumplir las medidas que sean acordadas por la Administración aduanera.

3. Cuando las mercancías intervenidas sean labores de tabaco o cualquier otra de las consideradas como géneros o efectos estancados, el instructor del procedimiento podrá autorizar la realización de actos de disposición, incluida su destrucción, por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos y las compañías gestoras de los monopolios correspondientes respecto de las mercancías aprehendidas, a reserva de la pertinente indemnización, cuando ésta proceda, conforme a la resolución que resuelve el procedimiento.

4. Cuando se trate de bienes, efectos e instrumentos intervenidos cuya conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, entre otras causas, porque sin sufrir deterioro material se deprecien por el transcurso del tiempo, el instructor podrá disponer su venta inmediata, si éste fuera su destino final procedente.

5. También podrá disponer la venta inmediata, cuando éste fuera el destino final procedente, de aquellos bienes, efectos o instrumentos intervenidos que sean objeto de abandono expreso por sus propietarios.

6. Los bienes, efectos e instrumentos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo serán enajenados por concurso o adjudicación directa, conforme al procedimiento establecido en la normativa aduanera o, en su defecto, en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en todo lo que le sea aplicable. La venta de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado 5 de este artículo, que sean distintos de los citados en el apartado 4 de este mismo artículo, se llevará a efecto mediante subasta pública conforme al procedimiento establecido en la normativa aduanera. En todos los casos la enajenación la efectuará el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente expediente sancionador.

7. Cuando la venta a consumo regulada en el apartado 6 tenga por objeto bienes, efectos e instrumentos no comunitarios, se observarán los siguientes preceptos:

a) Dicha venta tendrá la consideración de despacho a consumo de las mercancías y, por tanto, incluirá todos los trámites previstos para la importación de las mismas, y

b) En el precio de venta estarán incluidos los tributos devengados con motivo de la importación, debiendo procederse a la contracción de los derechos de importación y demás tributos devengados.

La enajenación deberá notificarse a la unidad de contabilidad de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Intervención de Territorio Franco o Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que haya instruido el expediente, a los efectos de la constatación de los recursos propios comunitarios.

8. Los bienes, efectos e instrumentos intervenidos en procedimientos por infracción administrativa de contrabando no podrán ser devueltos a los interesados mientras no recaiga resolución firme que así lo declare o mientras no lo decida así el órgano competente para dictar resolución.

1. La iniciación del procedimiento sancionador se comunicará a los interesados con indicación de las siguientes menciones:

a) Identificación del presunto sujeto infractor.

b) Hechos que motivan la iniciación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder.

c) Órganos competentes para la instrucción y resolución del expediente y norma que les atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad o efectuar el pago voluntario de la sanción, con los efectos previstos en el artículo 18 del presente Real Decreto.

d) Indicación de que el propietario puede hacer, en el momento de la intervención, abandono expreso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el expediente sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo, de conformidad con el artículo 28 del presente Real Decreto.

f) Valoración efectuada de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando.

g) Indicación del derecho a formular alegaciones, proponer prueba y a la audiencia en el procedimiento, señalando el momento y plazos para su ejercicio, así como las consecuencias de su no ejercicio señaladas en el apartado 2 del artículo 25.

2. El acuerdo se notificará a los presuntos infractores y a los propietarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos si fuesen distintos a aquéllos, respecto de este extremo, y, en general, para la defensa de sus intereses específicos, a los demás interesados.

1. El instructor del procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción. A tales efectos podrá solicitar certificaciones, informes y dictámenes periciales de otros organismos. En todo caso, se solicitará del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria antecedentes de los inculpados sobre sanciones por infracciones administrativas de contrabando. Los antecedentes solicitados se limitarán al período de tiempo que sea determinante para la graduación de las sanciones que pudieran proceder.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirán al expediente sancionador las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resolución.

3. Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento resultase modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se comunicará todo ello al presunto infractor en la notificación del trámite de audiencia.

4. Cuando, en el curso de la tramitación del expediente, se advierta la posibilidad de que estuviesen implicados en él otras personas se les notificará dicha circunstancia, informándoles de los hechos diligenciados y de las posibles consecuencias que de los mismos pudieran derivarse, considerándoseles, desde entonces, como parte en el procedimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los interesados dispondrán de un plazo de quince días desde el día siguiente a la notificación de la iniciación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.

1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado en el artículo 31, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

2. En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aquéllos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 137 de la Ley 300/1992.

3. La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime pertinentes se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992.

Concluidas las actuaciones señaladas en los artículos 30, 31 y 32 de este Real Decreto, con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, se dará audiencia a los interesados, notificándoles la puesta de manifiesto del expediente y concediéndoles un plazo de quince días para que formulen alegaciones y presenten los documentos e informaciones que estimen oportunos. Transcurrido dicho plazo se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

1. Concluidas las actuaciones, el órgano instructor elaborará propuesta de resolución en la que se tendrán en cuenta las alegaciones formuladas, si las hubiere. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan o se propondrá el sobreseimiento del expediente. Se concretará, igualmente, la persona o entidad que resulte sujeto infractor, especificándose la sanción que se propone con indicación de los criterios de graduación de la misma y las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado por el instructor.

2. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con los documentos y alegaciones que obren en el mismo.

1. El órgano competente dictará resolución motivada a la vista de la propuesta formulada por el instructor del procedimiento y de las diligencias, documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente. La resolución se notificará a los interesados.

2. La resolución que estime cometida infracción administrativa de contrabando contendrá la mención necesaria de los siguientes extremos:

a) Los hechos que se estimen probados y la calificación de la infracción que se considera cometida.

b) La cantidad, clase y valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de la infracción administrativa de contrabando.

c) Los sujetos infractores.

d) La circunstancia de si, en los cinco años anteriores a la comisión de la infracción, han sido sancionados por infracción administrativa de contrabando.

e) La sanción que se impone a cada uno de los sujetos infractores, con indicación de los criterios con los que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de este Real Decreto, se ha graduado la misma.

f) La procedencia o no del comiso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos.

g) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la multa.

h) El nombre, dirección y localidad en que se encuentran los establecimientos cuyo cierre se ordena y el momento a partir del cual se procederá al mencionado cierre, cuando éste proceda.

i) El derecho de los interesados a impugnar la resolución en vía económico-administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con indicación de los plazos y los órganos ante quienes se puede recurrir.

3. Cuando la resolución estime que no se ha cometido infracción administrativa de contrabando, se expresarán los elementos de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa dicha resolución. Cuando proceda, la resolución pondrá de manifiesto la existencia o no de indicios de infracción tributaria o de otra naturaleza.

4. Si el procedimiento se hubiese iniciado como consecuencia de orden superior la resolución se comunicará al órgano que la dictó.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. A estos efectos no se computarán los períodos en los que la tramitación del procedimiento quede interrumpida por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento prevista en el artículo 17 de este Real Decreto. Este plazo podrá prorrogarse por resolución expresa del órgano competente para resolver, previa petición motivada del órgano instructor, por un único plazo improrrogable de seis meses. Transcurridos treinta días desde el vencimiento del plazo sin que la resolución haya sido dictada se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a instancia del interesado, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar de nuevo el procedimiento, en tanto no haya prescrito la acción de la Administración para imponer la correspondiente sanción.

6. La ejecución de las sanciones por infracciones administrativas de contrabando quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.

1. Cuando la resolución determine que no procede el comiso de todos o algunos de los bienes, efectos o instrumentos intervenidos, los no decomisados se devolverán a sus dueños.

2. Si, no procediendo el comiso, se hubiera dispuesto la venta anticipada de los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado 4 del artículo 28 de este Real Decreto, el órgano competente para resolver rendirá cuenta del importe obtenido y lo entregará a quien acredite la propiedad de aquéllos.

3. Si, no procediendo el comiso, el Comisionado para el Mercado de Tabacos o las compañías gestoras de los monopolios de las mercancías a que se refiere el apartado 3 del artículo 28 del presente Real Decreto hubieran llevado a cabo actos de disposición respecto de las mismas, se procederá a indemnizar a los interesados.

1. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución firme en procedimientos por infracción administrativa de contrabando serán adjudicados al Estado.

A tal efecto, se notificará a la correspondiente Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda toda resolución de procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando en la que se haya decretado el comiso de bienes, efectos o instrumentos.

2. Los bienes, efectos e instrumentos decomisados no comunitarios se considerarán incluidos en el régimen de depósito aduanero.

3. Los especímenes a los que se refiere el artículo 2.1, párrafo f), del presente Real Decreto decomisados serán confiados a la autoridad competente designada en España que procederá según lo previsto en el Reglamento (CE) número 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996. El comiso de estos especímenes y de sus partes o productos se notificará al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. El uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedará adscrito a las fuerzas o servicios que, encargados de la persecución del contrabando, hayan procedido a su aprehensión, de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable en esta materia.

El Código Aduanero de la Unión (Reglamento UE n.º 952/2013)

El Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (en adelante, CAU), constituye la norma fundamental que regula el comercio exterior de mercancías entre la Unión Europea y terceros países. Derogó el anterior Código Aduanero Comunitario (Reglamento CEE n.º 2913/92) y entró en plena aplicación el 1 de mayo de 2016.

El CAU es completado por dos normas delegadas y de ejecución:

• El Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (normas de desarrollo).

• El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 (disposiciones de aplicación).

Ámbito de Aplicación y Misión de las Aduanas

Objeto y ámbito de aplicación (artículo 1)

El CAU contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo.

El código se aplica de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión, sin perjuicio del Derecho internacional y de los convenios internacionales y de la normativa de la Unión aplicable a otros ámbitos.

Asimismo, determinadas disposiciones de la legislación aduanera podrán aplicarse fuera del territorio aduanero de la Unión cuando así lo prevean normas reguladoras de ámbitos específicos o convenios internacionales.

Misión de las aduanas (artículo 3)

Las autoridades aduaneras serán responsables principalmente del control del comercio internacional de la Unión, con objeto de contribuir a un comercio justo y abierto, de aplicar el lado externo del mercado interior, de la política comercial común y de las demás políticas comunes de la Unión con incidencia en el comercio, así como de la seguridad global de la cadena de suministro.

Territorio Aduanero de la Unión

Delimitación del territorio (artículo 4)

El territorio aduanero de la Unión comprenderá los territorios de los Estados miembros, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su espacio aéreo.

A los efectos del CAU, el territorio de España se incluye salvo Ceuta y Melilla, que quedan fuera del territorio aduanero. El territorio del Reino de Dinamarca se incluye salvo las Islas Feroe y Groenlandia. El territorio de la República Federal de Alemania se incluye salvo la isla de Heligoland y el territorio de Büsingen. Se excluyen igualmente determinados países y territorios franceses de ultramar.

Por el contrario, las Islas Canarias forman parte del territorio aduanero de la Unión como parte del territorio del Reino de España (no figuran entre las excepciones contempladas para España).

Determinados territorios situados fuera del territorio de los Estados miembros se considerarán, sin embargo, parte integrante del territorio aduanero de la Unión (como Mónaco respecto a Francia, o el territorio de Jungholz y Mittelberg respecto a Alemania).

Territorio único a efectos de tránsito (artículo 129 y concordantes)

Cuando las mercancías se transporten de un punto del territorio aduanero de la Unión a otro de conformidad con el Convenio TIR, con el Convenio ATA/Convenio de Estambul, al amparo del impreso 302 (marco del Convenio del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas) o al amparo del sistema postal, se considerará que, a efectos de dicho transporte, el territorio aduanero de la Unión constituye un territorio único.

Definiciones Esenciales (artículo 5)

El artículo 5 del CAU recoge las definiciones fundamentales aplicables a todo el Reglamento:

Legislación aduanera

Se entenderá por «legislación aduanera» el cuerpo legal integrado por:

• El código y las disposiciones complementarias o de ejecución adoptadas a nivel de la Unión o nacional.

• El arancel aduanero común.

• La legislación relativa al establecimiento de un régimen de la Unión de franquicias aduaneras.

• Los acuerdos internacionales que contengan disposiciones aduaneras aplicables en la Unión.

Decisión

Se entenderá por «decisión» todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera, mediante el que se pronuncien sobre un caso concreto y que conlleve efectos jurídicos para el interesado. Las decisiones pueden ser favorables o desfavorables y deben ser motivadas y notificadas al interesado.

Autoridades aduaneras

Se entenderá por «autoridades aduaneras» las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación.

Persona

Se entenderá por «persona» toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida por el Derecho de la Unión o el nacional.

Operador económico

Se entenderá por «operador económico» una persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, intervenga en actividades a las que se aplique la legislación aduanera.

Representante aduanero

Se entenderá por «representante aduanero» toda persona nombrada por otra persona para ejecutar los actos y formalidades necesarios en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las autoridades aduaneras.

Declaraciones aduaneras y documentales

• «Declaración en aduana»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones particulares que deban aplicarse.

• «Declaración sumaria de entrada» (ENS): el acto por el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van a entrar en el territorio aduanero de la Unión.

• «Declaración de depósito temporal»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, que las mercancías están en depósito temporal.

• «Declaración de reexportación»: el acto por el que una persona expresa la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión, a excepción de las que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal.

• «Notificación de reexportación»: el acto por el que una persona expresa la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal.

Comisión de compra

Se entenderá por «comisión de compra» el importe pagado por un importador a un agente por representarlo en la compra de las mercancías objeto de valoración.

Condonación

Se entenderá por «condonación» la dispensa de la obligación de pagar un importe pendiente de derechos de importación o de exportación (a diferencia del reembolso, que es la devolución de un importe ya pagado).

Reembolso

Se entenderá por «reembolso» la devolución de un importe de derechos de importación o de exportación que ya ha sido pagado.

Derechos y Obligaciones de las Personas

Suministro de información (artículos 6 y 14)

Todo intercambio de información entre las autoridades aduaneras y entre estas y los operadores económicos, y el almacenamiento de esa información necesario con arreglo a la legislación aduanera, deberán efectuarse mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos.

En casos excepcionales, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las decisiones por las que se autorice a uno o varios Estados miembros a utilizar medios de intercambio y almacenamiento de información distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos. La excepción se concederá por un período de tiempo limitado y no podrá afectar al intercambio de información entre el Estado miembro al que vaya dirigida y otros Estados miembros.

Los Estados miembros cooperarán con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de sistemas electrónicos para el intercambio de información entre autoridades aduaneras y con la Comisión.

Los poderes para adoptar actos delegados con el fin, entre otros, de especificar las disposiciones de la legislación aduanera y sus simplificaciones relativas a la declaración en aduana son otorgados a la Comisión (artículo 284).

Suministro de información por las autoridades aduaneras (artículo 14)

Cualquier persona interesada podrá solicitar a las autoridades aduaneras información relativa a la aplicación de la legislación aduanera. Tal solicitud podrá rechazarse si no se relaciona con una actividad que se prevea realizar en el ámbito del comercio internacional de mercancías.

Intercambio de información complementaria (artículo 15)

A efectos de la cooperación mutua en la detección y prevención de riesgos, las autoridades aduaneras y los operadores económicos podrán intercambiarse cualquier información que no esté exigida expresamente por la legislación aduanera. Tal intercambio podrá tener lugar en el marco de un acuerdo escrito e incluir el acceso de las autoridades aduaneras a los sistemas informáticos del operador económico.

Toda información que facilite una parte a la otra en el marco de dicha cooperación tendrá carácter confidencial, salvo que ambas partes acuerden lo contrario.

Las autoridades aduaneras mantendrán un diálogo regular con los operadores económicos y con otras autoridades que intervengan en el comercio internacional de mercancías.

Responsabilidades del declarante (artículo 15)

Toda persona que presente a las autoridades aduaneras una declaración, notificación o solicitud será responsable de:

• La exactitud y completud de la información que contenga.

• La autenticidad, exactitud y validez de los documentos justificativos.

• El cumplimiento, en su caso, de todas las obligaciones derivadas del régimen aduanero en el que se incluyan las mercancías o de la realización de las operaciones que se hayan autorizado.

Registro de Operadores Económicos (artículos 9 y 10)

Los operadores económicos establecidos en el territorio aduanero de la Unión se registrarán ante las autoridades aduaneras responsables del lugar en el que estén establecidos.

En casos específicos, los operadores económicos no establecidos en el territorio aduanero de la Unión se registrarán ante las autoridades aduaneras responsables del lugar en el que presenten por primera vez una declaración o una solicitud de decisión.

Salvo que se disponga lo contrario, las personas que no sean operadores económicos no tendrán obligación de registro ante las autoridades aduaneras.

Representación Aduanera (artículos 18 y 19)

Concepto y modalidades

Toda persona podrá nombrar a un representante aduanero, quien ejecutará en su nombre los actos y formalidades previstos en la legislación aduanera. La representación podrá ser:

• Directa: el representante aduanero actuará en nombre y por cuenta de otra persona.

• Indirecta: el representante aduanero actuará en su propio nombre pero por cuenta de otra persona.

En la representación indirecta, el representante aduanero asume una responsabilidad mayor (codeudor del arancel, responsable solidario del IVA).

Los representantes aduaneros deberán estar establecidos en el territorio aduanero de la Unión. (Nota: los representantes aduaneros no están obligados a estar establecidos en el territorio aduanero cuando actúen por cuenta de personas que tampoco estén obligadas a estarlo.)

Prueba del poder de representación

Las autoridades aduaneras podrán exigir a cualquier persona que declare estar actuando como representante aduanero la presentación de la prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona representada. En casos específicos, las autoridades aduaneras podrán no exigir dicha prueba.

Cuando omitan declarar que están actuando como representantes aduaneros o declaren estar actuando en tal condición sin poseer un poder de representación para ello, se considerará que actúan en su propio nombre y por cuenta propia.

Operador Económico Autorizado (OEA / AEO)

Concepto y base jurídica (artículos 38 a 41)

El Operador Económico Autorizado (OEA; en inglés, Authorised Economic Operator, AEO) es un estatuto reconocido por el CAU que acredita que el operador es fiable en el contexto de sus operaciones aduaneras en todo el territorio de la Unión.

Pueden solicitar el estatuto los operadores económicos establecidos en el territorio aduanero de la Unión que formen parte de la cadena de suministro internacional y participen en actividades relacionadas con las aduanas. En determinados casos específicos también podrán solicitarlo operadores no establecidos en el territorio aduanero.

Tipos de autorización OEA

Existen dos tipos de certificado OEA:

• OEA-AEOC (simplificaciones aduaneras): para operadores que deseen beneficiarse de simplificaciones aduaneras.

• OEA-AEOS (seguridad y protección): para operadores que deseen obtener facilidades en materia de seguridad y protección en los controles aduaneros.

• Un mismo operador puede obtener ambos tipos de certificado simultáneamente (OEA-AEOSC).

Condiciones para la obtención del estatuto OEA

Para obtener el estatuto de OEA, el solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. Historial satisfactorio de cumplimiento de la normativa aduanera y fiscal.

2. Sistema de gestión satisfactorio de los registros comerciales y, en su caso, de transporte, que permita el control aduanero adecuado.

3. Solvencia financiera acreditada.

4. En el caso del OEA-AEOC: cualificaciones o normas profesionales relacionadas directamente con la actividad ejercida o con la actividad de control.

5. En el caso del OEA-AEOS: normas adecuadas de seguridad y protección.

Beneficios y facilidades

El estatuto OEA otorga al titular:

• Acceso a procedimientos simplificados en materia aduanera.

• Mayor rapidez en los controles aduaneros.

• Posible reconocimiento mutuo del estatuto con terceros países (como EE. UU., China, Japón o Suiza) a través de acuerdos de reconocimiento mutuo.

• Menor número de controles físicos y documentales.

Despacho a Libre Práctica (artículos 201 a 205)

Concepto

El despacho a libre práctica es el régimen aduanero mediante el cual las mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas a ser introducidas en el mercado de la Unión, o destinadas a utilización o consumo privados dentro de ella, se incluyen en este régimen. Confiere a dichas mercancías el estatuto aduanero de mercancías de la Unión.

Implicaciones del despacho a libre práctica (artículo 201)

El despacho a libre práctica implicará:

• La percepción de los derechos de importación debidos.

• La percepción, según proceda, de otros gravámenes (IVA, impuestos especiales), con arreglo a las disposiciones pertinentes en vigor.

• La aplicación de medidas de política comercial y restricciones en la medida en que no se hayan aplicado en una fase anterior. (Nota: la opción incorrecta frecuente en exámenes es decir que se aplican medidas de política «aduanera» o que se aplican las que «se hayan aplicado en una fase anterior».)

• El cumplimiento de las demás formalidades aduaneras previstas para la importación de las mercancías.

Exención de derechos de importación: mercancías de retorno (artículo 203)

Previa solicitud del interesado, quedarán exentas de derechos de importación las mercancías no pertenecientes a la Unión que, tras haber sido inicialmente exportadas fuera del territorio aduanero de la Unión como mercancías de la Unión, se reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en dicho territorio en un plazo de tres años. Este plazo podrá superarse atendiendo a circunstancias especiales.

No se concederá la exención a las mercancías que se hayan beneficiado de medidas establecidas en virtud de la política agrícola común que impliquen su exportación fuera del territorio aduanero de la Unión, salvo que se disponga lo contrario en casos concretos.

La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, las normas de procedimiento relativas a la presentación de la información que permita determinar que se cumplen las condiciones para concederse la exención. La exención se justificará aportando pruebas del cumplimiento de las condiciones establecidas en el CAU.

Exención de derechos: productos de la pesca marítima (artículo 208)

Estarán exentos del pago de derechos de importación cuando se despachen a libre práctica:

• Los productos de la pesca marítima extraídos de las aguas territoriales de un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión por buques exclusivamente matriculados o registrados en un Estado miembro y que enarbolen pabellón de dicho Estado.

• Los productos obtenidos a partir de los anteriores a bordo de buques factoría que cumplan las mismas condiciones.

(Nota: quedan fuera de esta exención los productos obtenidos en puertos factoría, que no aparecen en el CAU.)

Regímenes Especiales (artículos 210 a 270)

Categorías de regímenes especiales (artículo 210)

Las mercancías podrán incluirse en cualquiera de las siguientes categorías de regímenes especiales:

Los regímenes especiales requieren, en general, autorización previa de las autoridades aduaneras (artículos 211 y siguientes).

Nota importante: La exportación NO es un régimen especial en el sentido del artículo 210 del CAU. Se regula como régimen ordinario de salida de mercancías.

Tránsito

Tránsito externo (artículo 226)

En el marco del régimen de tránsito externo, las mercancías no pertenecientes a la Unión podrán circular de un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas:

• A derechos de importación.

• A otros gravámenes prescritos por otras disposiciones pertinentes en vigor.

• A medidas de política comercial en la medida en que no prohíban la entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión o su salida de él.

Tránsito interno (artículo 227)

El régimen de tránsito interno permite circular a mercancías de la Unión de un punto a otro del territorio aduanero de la Unión, pasando por un país o territorio situado fuera de dicho territorio, sin que varíe su estatuto aduanero.

Procedimientos de tránsito alternativos

El tránsito puede efectuarse al amparo de:

• Cuaderno TIR (Convenio TIR).

• Cuaderno ATA (Convenio ATA/Convenio de Estambul).

• Impreso 302 (marco de la OTAN).

• Sistema postal (actos de la Unión Postal Universal).

En particular, el CAU prevé que la circulación al amparo del sistema postal podrá efectuarse al amparo del tránsito externo o del tránsito interno si las mercancías son transportadas por o para los titulares de derechos y obligaciones en virtud de dichos actos.

Depósito aduanero (artículos 237 a 242)

El régimen de depósito aduanero permite el almacenamiento en instalaciones aprobadas por las autoridades aduaneras (depósitos aduaneros) de:

• Mercancías no pertenecientes a la Unión (sin estar sujetas a derechos de importación ni a medidas de política comercial).

• Mercancías de la Unión para las que la legislación de la Unión prevea que su colocación en depósito aduanero da lugar a la aplicación de medidas vinculadas normalmente a la exportación de esas mercancías.

Zonas francas (artículos 243 a 249)

Las zonas francas son partes del territorio aduanero de la Unión separadas del resto, en las que las mercancías no pertenecientes a la Unión se consideran, a efectos de la aplicación de derechos de importación y de medidas de política comercial de importación, como no situadas en el territorio aduanero de la Unión, siempre que no se despachen a libre práctica ni se incluyan en otro régimen aduanero, ni se usen o consuman en condiciones distintas de las previstas por la legislación aduanera.

Importación temporal (artículo 250)

Este régimen permite la utilización en el territorio aduanero de la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas a ser reexportadas, con exención total o parcial de derechos de importación y sin que estén sujetas a medidas de política comercial.

• Exención total: para determinadas categorías de mercancías expresamente previstas en la normativa de desarrollo.

• Exención parcial (del 3 % mensual de los derechos de importación): para el resto de mercancías.

Destino final (artículo 254)

Este régimen permite el despacho a libre práctica de mercancías con exención de derechos de importación o tipo arancelario reducido en razón del uso específico al que vayan a destinarse.

Perfeccionamiento activo (artículos 256 a 258)

Permite someter mercancías no pertenecientes a la Unión a operaciones de perfeccionamiento (elaboración, transformación, reparación, destrucción, etcétera) en el territorio aduanero de la Unión sin que estén sujetas a derechos de importación ni a medidas de política comercial.

Los productos transformados obtenidos podrán ser despachados a libre práctica, exportados o incluidos en otro régimen. Cuando se despachen a libre práctica y el cálculo del importe del derecho de importación se realice conforme al artículo 86, apartado 3, las medidas de política comercial aplicables serán las aplicables al despacho a libre práctica de las mercancías que se incluyeron en el régimen de perfeccionamiento activo.

Perfeccionamiento pasivo (artículos 259 a 262)

Permite exportar temporalmente mercancías de la Unión fuera del territorio aduanero para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y reimportarlas con exención total o parcial de los derechos de importación (calculados sobre el valor añadido en el exterior).

Cuando la legislación de la Unión establezca medidas de política comercial relativas al despacho a libre práctica, dichas medidas no se aplicarán a los productos transformados que hayan sido despachados a libre práctica tras perfeccionamiento pasivo cuando los productos transformados conserven su origen de la Unión.

Obligaciones de registro en regímenes especiales (artículo 214)

Excepto para el régimen de tránsito (o salvo que se disponga lo contrario), el titular de la autorización, el titular del régimen y toda persona que ejerza una actividad de depósito, elaboración o transformación de mercancías o de venta o compra de mercancías en zonas francas deberán llevar los registros adecuados, de la forma aprobada por las autoridades aduaneras.

Manipulaciones usuales (artículo 220)

Las mercancías incluidas en un régimen de depósito aduanero, en un régimen de perfeccionamiento o en una zona franca podrán ser sometidas a manipulaciones usuales destinadas a garantizar su conservación, mejorar su presentación o su calidad comercial o preparar su distribución o reventa.

Por el contrario, las mercancías objeto de importación temporal y destino final no pueden ser sometidas a dichas manipulaciones usuales con esa finalidad.

Regularización de regímenes especiales inconclusos (artículo 215)

Las autoridades aduaneras adoptarán todas las medidas necesarias para regularizar la situación de las mercancías para las cuales no se haya ultimado un régimen en las condiciones previstas.

La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, las normas de procedimiento relativas al examen de las condiciones económicas a que hace referencia el artículo 211, apartado 6.

Circulación de mercancías en regímenes especiales (artículo 219)

Las mercancías incluidas en un régimen especial distinto del de tránsito o de zona franca podrán circular, en casos específicos, entre distintos lugares del territorio aduanero de la Unión.

Entrada de Mercancías en el Territorio Aduanero de la Unión

Declaración sumaria de entrada (ENS) (artículo 127)

Antes de que las mercancías se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión, deberá presentarse una declaración sumaria de entrada en la primera aduana de entrada. La ENS se presentará dentro de un plazo concreto que varía en función del modo de transporte y del tipo de mercancías.

Cuando las mercancías no pertenecientes a la Unión presentadas en aduana no estén cubiertas por una declaración sumaria de entrada, una de las personas mencionadas en el artículo 127, apartado 4, deberá presentar de forma inmediata esa declaración o, si lo permiten las autoridades aduaneras, en su lugar, una declaración en aduana o una declaración de depósito temporal.

Depósito temporal (artículos 144 a 149)

Las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán en depósito temporal bajo vigilancia aduanera desde el momento de su presentación en aduana hasta su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación.

Salida de Mercancías del Territorio Aduanero de la Unión

Exportación de mercancías de la Unión (artículo 269)

Las mercancías de la Unión que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión se incluirán en el régimen de exportación.

Esta obligación de incluirse en el régimen de exportación no se aplicará a las siguientes mercancías de la Unión:

• Mercancías incluidas en el régimen de perfeccionamiento pasivo.

• Mercancías que salgan del territorio aduanero de la Unión después de haberse incluido en el régimen de destino final.

• Mercancías incluidas en el régimen de tránsito interno.

• Mercancías en tránsito, con sujeción a determinadas condiciones.

Presentación de mercancías a la salida (artículo 267)

Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana en el momento de la salida por una de las siguientes personas:

• La persona que saque las mercancías del territorio aduanero de la Unión.

• La persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe la persona que saque las mercancías.

• La persona que asume la responsabilidad de transportar las mercancías antes de su salida del territorio aduanero de la Unión.

Declaración sumaria de salida (EXS) (artículo 271)

Cuando las mercancías vayan a salir del territorio aduanero de la Unión y no se presente una declaración en aduana o una declaración de reexportación como declaración previa a la salida, deberá presentarse una declaración sumaria de salida en la aduana de salida.

Las autoridades aduaneras podrán autorizar que la declaración sumaria de salida se presente en otra aduana, siempre que esta comunique inmediatamente a la aduana de salida o ponga a su disposición por vía electrónica los datos necesarios.

Previa solicitud, el declarante podrá rectificar uno o varios de los datos de la declaración sumaria de salida después de haberla presentado (sin plazo prefijado, pero antes del despacho de las mercancías).

La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, las normas de procedimiento relativas a la presentación, rectificación e invalidación de la declaración sumaria de salida.

La Deuda Aduanera

Concepto

La deuda aduanera es la obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o de exportación aplicables a mercancías específicas con arreglo a la legislación aduanera vigente. El deudor es toda persona responsable de una deuda aduanera.

Deuda aduanera de importación (artículo 77)

Una deuda aduanera de importación nacerá al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos de importación en alguno de los regímenes aduaneros siguientes:

• El despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del destino final.

• La importación temporal con exención parcial de derechos de importación.

La deuda nace en el momento de la admisión de la declaración en aduana.

El deudor es el declarante y, en caso de representación indirecta, también la persona por cuya cuenta se haga la declaración en aduana.

Deuda aduanera de exportación (artículo 81)

Una deuda aduanera de exportación nacerá al incluirse las mercancías sujetas a derechos de exportación en el régimen de exportación o en el régimen de perfeccionamiento pasivo.

Deuda aduanera nacida por incumplimiento (artículo 79)

También podrá nacer una deuda aduanera de importación cuando se incumplan las obligaciones establecidas en la legislación aduanera para la entrada de mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos de importación, o el uso o la transformación de las mercancías con arreglo a determinadas condiciones.

En estos supuestos, serán deudores:

• Toda persona a la que se hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones en cuestión.

• Toda persona que supiera o debiera razonablemente haber sabido que no se había cumplido una obligación.

• Toda persona que hubiera adquirido o poseído las mercancías y que supiera o debiera razonablemente haber sabido dicho incumplimiento en el momento de adquirirlas o recibirlas.

Lugar de nacimiento de la deuda (artículo 87)

La deuda aduanera nacerá en el lugar en que se haya presentado la declaración en aduana o la declaración de reexportación. En todos los demás casos, el lugar de nacimiento será el lugar en que se produzcan los hechos de los que se derive la deuda.

Extinción de la deuda aduanera (artículo 124)

La deuda aduanera se extinguirá, entre otros supuestos, por:

• El pago del importe de la deuda aduanera.

• La condonación del importe de la deuda aduanera.

• La invalidación de la declaración en aduana.

• La destrucción total o la pérdida irremediable de las mercancías por causa imputable a la naturaleza de las propias mercancías o a un caso fortuito o fuerza mayor.

• La decadencia de las mercancías (mermas inevitables en condiciones normales).

Disposiciones sobre Atribución de Competencias

Actos delegados y de ejecución

El CAU distingue entre:

• Actos delegados (artículo 284): adoptados por la Comisión para completar o modificar aspectos no esenciales del CAU. Entre otros, los poderes para especificar las disposiciones de la legislación aduanera y sus simplificaciones relativas a la declaración en aduana son otorgados a la Comisión.

• Actos de ejecución: adoptados también por la Comisión para garantizar la aplicación uniforme del CAU. La Comisión, mediante actos de ejecución, especificará las normas de procedimiento en numerosas materias (declaración sumaria de salida, exención de derechos, condiciones económicas de los regímenes especiales, etcétera).

Cuadro Resumen de Definiciones Clave