Tema 19: Funciones, incompatibilidades y régimen disciplinario

1. Los funcionarios de la Junta General desempeñarán con diligencia las tareas que tengan asignadas y velarán por los intereses generales con sujeción y observancia de la

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los principios de: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, economía, eficiencia, lealtad y buena fe.

2. Son además deberes de los funcionarios de la Junta General:

a) Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

5Art. 38.bis: Redacción dada por el artículo único de la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara con fecha

de 1 de diciembre de 2021 (BOPA n.º 247, de 27 de diciembre de 2021).

b) Desempeñar las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

c) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

d) Informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

e) Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, velando por su conservación, y no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas.

f) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el

Código Penal.

g) Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

h) Mantener actualizada su formación y cualificación.

i) Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.

j) Poner en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados.

El régimen de incompatibilidades es el previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, siendo la Mesa la competente para resolver.

Adquisición y pérdida de la relación de servicio

Adquisición de la relación de servicio

1. Los empleados públicos de la Junta General que realicen alguna de las conductas tipificadas como faltas en el presente Estatuto incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los términos previstos en el mismo.

2. Los empleados públicos que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los empleados públicos que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Junta General o para los ciudadanos.

4. La responsabilidad disciplinaria se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los empleados públicos, la cual se hará efectiva en la forma que determine la Ley.

5. Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo, podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en este Estatuto que puedan cometer dentro de sus respectivas situaciones administrativas. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.

6. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.

7. La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó aquélla.

8. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía.

9. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado.

1. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

2. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

3. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la

Junta General.

Faltas y sanciones

Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves.

Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de

Autonomía del Principado de Asturias, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Junta General o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) El incumplimiento de los deberes inherentes a la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito o en los procedimientos parlamentarios o administrativos.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las

Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o) El acoso laboral.

p) La violación del secreto profesional

Son faltas graves:

a) El abuso de autoridad.

b) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Junta General.

c) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.

d) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados,

Diputados de la Junta General y ciudadanos.

e) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

f) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

g) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave por notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del puesto.

i) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.

j) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.

k) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.

l) La grave perturbación del servicio.

m) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Junta General.

n) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

a) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo, cuando no suponga falta grave.

b) La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados, Diputados de la

Junta General y ciudadanos.

c) El descuido en el ejercicio de sus funciones.

1. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa:

a) Por faltas muy graves, la de suspensión de funciones por un período no superior a seis años ni inferior a seis meses y un día, o la de separación del servicio, la cual, en el caso de los funcionarios interinos, comportará la revocación de su nombramiento. Al funcionario declarado en la situación de suspensión por falta muy grave le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 75.1.

b) Por faltas graves, las de suspensión hasta seis meses, traslado forzoso por el período que en cada caso se establezca, o la de demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria que en cada caso se determine.

c) Por faltas leves, la de apercibimiento por escrito.

2. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal y administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

3. Si en vía penal se impusiera una pena privativa de libertad, el funcionario quedará en situación de suspensión por todo el tiempo que dure la condena.

A la prescripción de las infracciones y las sanciones le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público.

Procedimiento disciplinario

Son competentes para imponer sanciones disciplinarias:

a) La Mesa, para las muy graves cuando la sanción sea de separación de servicio, informando previamente a la Junta de Personal.

b) El Presidente, para las muy graves cuando la sanción no sea de separación de servicio y para las graves.

c) El Letrado Mayor, para las leves.

1. Las sanciones por faltas leves se impondrán sin instrucción de expediente previo, pero dando, en todo caso, audiencia al supuesto infractor.

2. Las sanciones por faltas graves y muy graves se impondrán por el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento será incoado por el órgano competente para imponer la sanción, debiendo ser el Instructor funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo de igual o superior Subgrupo, o

Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, al del presunto infractor.

1. Iniciado el procedimiento disciplinario, el órgano que lo haya incoado podrá adoptar, mediante resolución motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

2. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

3. La suspensión provisional como medida cautelar no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

4. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

5. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

6. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en definitiva, la Junta General deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

7. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para, en su caso, el cumplimiento de la suspensión firme.

8. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

1. Si el instructor apreciase que la supuesta falta disciplinaria reviste caracteres de delito, deberá ponerlo en conocimiento del órgano que haya iniciado el procedimiento, que lo remitirá al Ministerio Fiscal y acordará la suspensión entre tanto de las actuaciones.

2. En el momento en que se tenga conocimiento de que se haya iniciado un procedimiento judicial penal por los mismos hechos, el órgano que haya incoado el procedimiento decretará de inmediato la suspensión de las actuaciones hasta que recaiga sentencia firme. Si ésta fuese absolutoria o apreciase causa eximente de responsabilidad, el expediente disciplinario se archivará.

1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron.

2. La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado una vez transcurrido un período equivalente al de la prescripción de la falta, siempre y cuando no se hubiese incoado nuevo expediente al funcionario que dé lugar a sanción.

3. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.

Efectos del silencio administrativo y régimen de recursos

1. Transcurrido el plazo que en cada caso esté previsto o, de no estar previsto ningún plazo, el de tres meses, las solicitudes que se presenten al amparo de este Estatuto se entenderán estimadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no exime al órgano en cada caso competente de adoptar una resolución expresa en todos los procedimientos y de notificarlo a los interesados.

1. Las resoluciones en materia de personal son recurribles:

a) Las del Letrado Mayor, en alzada ante la Mesa.

b) Las del Presidente y la Mesa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso potestativo de reposición.

2. Los recursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional primera. Planificación estratégica de recursos humanos.14

1. La planificación estratégica de los recursos es el fundamento de actuación en materia de función pública de la Junta General y a través de la que se establecen el escenario plurianual del empleo público y el conocimiento sobre los recursos humanos necesarios dentro del marco de las previsiones presupuestarias y se optimiza el capital humano al servicio de la

Junta General, asegurando que los empleados públicos sean los más adecuados en sus perfiles técnicos y competencias profesionales para el desempeño de los puestos de trabajo, gestionando y reteniendo el talento público a través de la carrera profesional, fomentando el aprendizaje, la formación continua y la motivación, y buscando el desarrollo profesional de los empleados públicos y la orientación al servicio público.

2. Dicha planificación estratégica, que será aprobada por la Mesa, a propuesta del

Letrado Mayor y previa negociación colectiva, podrá contener los criterios y las medidas necesarias para articular la oferta de empleo público, para orientar los instrumentos de movilidad, las convocatorias de provisión de puestos y los procesos de promoción interna y para proponer los itinerarios formativos requeridos, así como cualesquiera otros criterios y medidas adecuados para alcanzar los objetivos de la planificación estratégica.

3. La planificación estratégica será objeto de evaluación posterior para llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos y para introducir, en su caso, las oportunas medidas correctoras.

Disposición adicional segunda. Adscripción al Cuerpo de Letrados.15

1. La Mesa de la Cámara, a propuesta del Letrado Mayor, podrá designar libremente Letrados de adscripción temporal, que habrán de contar con algunas de las siguientes condiciones profesionales:

14 Disposición adicional primera: redacción dada por la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara en la reunión celebrada

el 19 de noviembre de 2025: BOJG/XII/C/97, de 25 de noviembre de 2025; BOPA núm. 227, de 25 de noviembre de 2025.

15 Disposición adicional segunda: redacción dada por la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara en la reunión celebrada

el 6 de marzo de 2024: BOJG/XII/C/40, de 19 de marzo de 2024; BOPA núm. 56, de 19 de marzo de 2024.

a) Funcionarios de carrera que hayan accedido a un cuerpo o escala del Grupo A1, o equivalente, para el que se requiera la titulación de Licenciado o Graduado en Derecho con, al menos, cinco años de ejercicio profesional.

b) Miembros de las carreras judicial y fiscal con, al menos, cinco años de ejercicio profesional.

c) Profesores de universidad de disciplinas jurídicas que hayan desempeñado, durante al menos cinco años, funciones docentes o de investigación.

2. La adscripción se hará por tres años y podrá ser renovada antes de su vencimiento hasta por otros dos períodos iguales.

3. Los Letrados de adscripción temporal quedarán en su carrera o cuerpo de origen en la situación administrativa que corresponda según la normativa que le sea de aplicación.

4. Los Letrados adscritos temporalmente, mientras presten sus servicios a la Junta

General, tendrán los derechos y deberes propios de los miembros del Cuerpo, en todo aquello que sea compatible con la eventualidad de sus funciones.

5. El cese se producirá, además de por voluntad propia, por las siguientes causas:

a) En cualquier momento, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, a propuesta del

Letrado Mayor.

b) Por vencimiento del período trienal de adscripción.

c) Por jubilación o pérdida, en su caso, de la condición desde la que accedieron a la adscripción.

Disposición adicional tercera. Ordenación de cuerpos.16

1. Los funcionarios de la Junta General se integran en los siguientes cuerpos:

Grupo Funciones

Cuerpo Titulación

Subgrupo

Realizar funciones de asistencia y asesoramiento técnico-jurídico a los órganos de la Cámara y asistencia a sus reuniones, redactando sus actas, dictámenes e informes y recogiendo los acuerdos adoptados, velando, además, por universitario de

Letrados A/A1 su ejecución y expidiendo las

Grado en certificaciones que correspondan; de

Derecho representación y defensa de la Junta

General ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional; de estudio y propuesta de nivel superior, y de dirección de la Administración parlamentaria.

16 Disposición adicional tercera: redacción dada por la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara en la reunión celebrada

el 19 de noviembre de 2025: BOJG/XII/C/97, de 25 de noviembre de 2025; BOPA núm. 227, de 25 de noviembre de 2025.

Realizar funciones de nivel superior de estudio, gestión, inspección, control y elaboración de informes y propuestas sobre materias propias de la organización y funcionamiento de la Cámara; de coordinación y dirección de proyectos administrativos, técnicos o sectoriales de especial complejidad; de asesoramiento y apoyo técnico especializado en áreas tales como, entre otras, la gestión

Superior y económico-presupuestaria, los recursos

A/A1 universitario de

Facultativo humanos, las tecnologías digitales, el grado patrimonio e infraestructuras, la documentación, las publicaciones o la comunicación institucional; de ejercicio de funciones propias de profesiones tituladas superiores cuando el desempeño de determinados puestos de trabajo así lo requiera; de representación institucional y/o técnica ante otras Administraciones, y de dirección de unidades administrativas o técnicas.

Realizar funciones de estudio, gestión, inspección, control y elaboración de informes y propuestas sobre materias propias de la organización y funcionamiento de la Cámara; de

Gestión Título colaboración y apoyo administrativo y

Administrativa A/A2 universitario de técnico a las tareas de nivel superior, en y Técnica grado particular en la aplicación y desarrollo de procedimientos administrativos o técnicos;

de ejecución de tareas de gestión administrativa y/o técnica, y de dirección de unidades administrativas o técnicas.

Realizar funciones de colaboración en la ejecución de tareas técnicas o administrativas cualificadas; de preparación y elaboración de informes, documentos, bases de datos o proyectos técnicos normalizados; de tareas de

Ayuda Técnica B superior materias operativas o técnicas bajo supervisión superior; de mantenimiento de equipos, sistemas o aplicaciones, y, en general, del desempeño de tareas que requieran formación profesional especializada o conocimientos técnicos aplicados.

Realizar, con responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de tramitación de documentación administrativa, así como de su gestión, registro, archivo, verificación y actualización; de elaboración y transcripción de textos, escritos, oficios, comunicaciones internas o externas según

Administrativo C/C1 bachiller o técnico de introducción, tratamiento y explotación de datos en aplicaciones informáticas; de colaboración en tareas administrativas derivadas de procedimientos más complejos, pudiendo incluir la atención al público, y de inspección y/o control de actividades normalizadas en procedimientos reglados.

Realizar, con carácter auxiliar e instrumental, en apoyo a la actividad parlamentaria, administrativa y técnica, funciones de vigilancia y control (accesos, custodia de locales, apertura y cierre, revisión de instalaciones, traslado de mobiliario, encendido/apagado de luces, etc.); de mensajería y documentación (notificaciones, correspondencia, traslado de documentos, recados y gestiones auxiliares, etc.); de soporte parlamentario (asistencia material en órganos y sesiones, colaboración en control, grabación, archivo y distribución de materiales audiovisuales, graduado en etc.); de comunicación y atención (manejo

Apoyo C/C2 Educación de centralita telefónica,

Secundaria recepción/distribución de llamadas,

Obligatoria atención a visitantes, etc.); de oficina y administración (archivo, tramitación de correspondencia, elaboración de fichas, registros y documentos, cálculos elementales, formularios, manejo de ofimática, etc.), y de conservación ordinaria de los inmuebles para su revisión y reparación (tareas básicas de mantenimiento, cambio y/o reparación de instalaciones de electricidad, climatización, fontanería, trabajos de albañilería, pintura, montaje de mobiliario, equipamiento y señalización, etc.).

2. Las funciones establecidas en el apartado anterior para los distintos cuerpos tienen carácter indicativo, desarrollándose, para cada puesto de trabajo, en la relación de puestos de trabajo.

Disposición adicional cuarta. Registro de personal.

El Registro de Personal a que se refiere el articulado de este Estatuto es el existente en la Junta General y en él se practicarán las anotaciones ordenadas por aquél.

Disposición adicional quinta. Lenguaje no sexista.17

Todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan mediante el uso del masculino genérico, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007,

17 Disposición adicional quinta: añadida por la modificación aprobada por el Pleno de la Cámara en la reunión celebrada el 19

de noviembre de 2025: BOJG/XII/C/97, de 25 de noviembre de 2025; BOPA núm. 227, de 25 de noviembre de 2025.

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se entenderán realizadas tanto en género femenino como masculino.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogado el Estatuto de Personal de la Junta General de 4 de febrero de 1993 y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Estatuto.

Disposición final primera. Desarrollo.

La Mesa de la Cámara adoptará las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Estatuto de Personal.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Estatuto de Personal entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.